De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 emitido por la CNDH, el penal de Tecamachalco es el peor evaluado del país con una calificación reprobatoria de 4.73, de una escala de 0 al 10.

El informe emitido esta semana señala que la cárcel no no garantiza la estancia digna, condiciones de gobernabilidad, integración personal del interno, reinserción social y atención especializada a mujeres, ancianos, indígenas, personas con discapacidad, adicciones, VIH/Sida y miembros de la comunidad LGBTTTI.

En el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se visualizan los factores de riesgo para la seguridad y la integridad de las personas privadas de la libertad.

Sin embargo, en la lista de los 10 reclusorios peor evaluados de México, se encuentran dos penales poblanos más.

Se trata de Zacatlán, con una calificación de 4.94, que se ubica en el tercer lugar nacional, y Acatlán de Osorio, con 5.25 puntos, en la décima posición.

Mientras que las mejores evaluadas son Tepexi de Rodríguez 8.17 puntos, y Ciudad Serdán, con 7.13.

El organismo nacional precisó que en el caso de Puebla realizó las visitas del 1 al 4 de julio pasado a 12 cárceles de la entidad.

El estudio además reveló que los penales de San Pedro Cholula, Huauchinango y Zacatlán presentan condiciones de autogobierno, mientras las cárceles de San Miguel, en la ciudad de Puebla; así como Tehuacán, Cholula, Acatlán, Tetela de Ocampo, Teziutlán y nuevamente Zacatlán presentan sobrepoblación hasta de tres veces su capacidad.

De manera global, los Ceresos de Puebla con la cuarta peor calificación en el país, al retroceder ocho lugares del ranking nacional, solo por debajo de Tamaulipas (5.38), Guerrero (5.92) y Veracruz (5.94).

En 2011, los penales de la entidad tuvieron una calificación de 6.99, la cual cayó en este año en 6.03 por ciento, cuando la media nacional es de 6.75. Sin embargo, la tendencia es a la baja en los últimos ocho años.

En contraparte, las entidades mejor evaluadas fueron Querétaro (8.22), Tlaxcala (8.07), Coahuila (8.03) y Guanajuato (8.01).

En cuanto al centro penitenciario distrital de Tecamachalco, la CNDH recomendó que se ponga solución a la separación entre hombres y mujeres; deficiencia en los servicios de salud; insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y falta de prevención de violaciones a derechos humanos.

Asimismo, el organismo sugirió que se atienda la falta de infraestructura, materiales e higiene para evitar el hacinamiento en dormitorios, comedores e instalaciones para la comunicación en el exterior.

En tanto, que en la Atención a Internos con Requerimientos Específicos, Derechos Humanos detectó que hay deficiencia en la atención a mujeres y/o personas menores de edad que vivan con ellas; en la atención a adultos mayores; personas de la comunidad LGBTTTI; e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

Insuficiencia de personal, la principal
incidencia en las cárceles estatales

En el transcurso del año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una muestra de 203 instituciones penitenciarias de las 309 existentes, con lo cual se supervisó a 66 por ciento de los centros de reclusión del país, con una población de 186 mil 149 personas, ubicadas en Ceresos, Ceferesos y Prisiones Militares.

Para la CNDH es de esencial importancia comprender que la prisión como medida aflictiva, debe tener como base el respeto de los Derechos Humanos atendiendo a pautas de seguridad, orden y disciplina, que a su vez permitan organizar las acciones destinadas a la reinserción social.

Conforme lo señalan las “Reglas Nelson Mandela”, afirmó que el Estado debe aprovechar el periodo de privación de la libertad a fin de lograr, en lo posible, que los excarcelados al integrarse a la sociedad puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo.

En términos generales, informó que un centro penitenciario funcionable debe contar con infraestructura, normatividad y recursos humanos necesarios que garanticen una reinserción social efectiva, a través del acceso a las actividades laborales, de capacitación, educación, salud y el deporte.

En cuanto a los centros estatales, la CNDH destacó que los rubros que presentaron las deficiencias con mayor incidencia se refieren a la insuficiencia de personal (72.68 por ciento), insuficiencia de actividades laborales y de capacitación (66.67 por ciento), deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84 por ciento), deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19 por ciento), insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria (51.91 por ciento), presencia de actividades ilícitas (40.44 por ciento) deficiencia en los servicios de salud (32.79 por ciento).

Asimismo, refirió que en 44.26 por ciento de los centros visitados se observó insuficiencia de vías para la remisión de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, y en 34.43 por ciento se apreciaron deficientes condiciones materiales de cocina y comedores.