El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) deberá buscar y dar a conocer los contratos que suscribió con la agencia italiana Hacking Team, señalada de vender al gobierno mexicano el software Pegasus, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Joel Salas Suárez afirmó que, de acuerdo con un estudio de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, realizado en 2016, en México tres empresas vendieron este tipo de software al gobierno mexicano: NSO Group, FinFisher y Hacking Team.

“Los programas de espionaje se usan para perseguir criminales y para la prevención de riesgos; sin embargo, al usarlos, se vulnera la privacidad de las personas y puede caerse en abusos de autoridad. La transparencia y el acceso a la información pública es uno de los mejores controles democráticos que se tiene sobre la vigilancia que lleva el Estado”, sostuvo. Salas Suárez dijo que tener acceso a estos contratos es relevante para conocer si en el pasado hubo abusos, pero también para fortalecer puentes entre la administración actual y la población.

“Garantizar transparencia y acceso a la información pública relacionada con casos de espionaje digital es fundamental para demostrar que se cumpla el compromiso de desaparecer esta práctica como parte del ejercicio gubernamental, el cual fue promesa de campaña del presidente actual.

Su gobierno, a través de su propia voz y de integrantes del gabinete, asegura reiteradamente que esta práctica ya no existe”, puntualizó. Sobre este tema en particular, el comisionado recordó que, en los últimos cinco años, el INAI ha resuelto recursos de revisión derivados de casos en que las necesidades de información de los ciudadanos interesados no son satisfechas.

“El derecho de acceso a la información es un medio para que las y los mexicanos exijan cuentas a los gobiernos sobre los motivos legítimos para gastar recursos públicos en este rubro, tanto en administraciones pasadas como en la actual”, concluyó Salas Suárez. En respuesta a quien solicitó dichos contratos, el sujeto obligado indicó que el particular no señaló el periodo sobre el que requirió la información, por lo que consideró como plazo el año inmediato anterior y, después de realizar la búsqueda correspondiente, no localizó ningún documento.

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que no solicitó la información por un tiempo determinado. En alegatos, el CNI reiteró su respuesta original y señaló que, derivado de una segunda búsqueda en las áreas responsables, su Director General declaró formalmente la inexistencia de los contratos suscritos con la empresa Hacking Team, entre el 11 de octubre de 2018 y el 11 de octubre de 2019. En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Salas Suárez estimó que el agravio del particular resultó fundado, toda vez que el sujeto obligado interpretó de forma restrictiva la solicitud y limitó la solicitud del particular a un período de tiempo determinado, lo que derivó en un sesgo que no satisfizo totalmente su derecho de acceso a la información.

Además, versiones periodísticas dan cuenta de indicios sobre la existencia de contratos suscritos con el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hoy Centro Nacional de Inteligencia, y la empresa Hacking Team. Finalmente, la ponencia advirtió que, en respuesta a una solicitud previa, el entonces CISEN proporcionó versión pública de los contratos celebrados con la empresa Hacking Team en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015.

Por lo anterior, a propuesta del comisionado Joel Salas Suárez, el Pleno del INAI revocó la respuesta del Centro Nacional de Inteligencia y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva, con un criterio amplio, y proporcione al particular los contratos que ha celebrado con la agencia Hacking Team. En caso de localizar información con el carácter de reservada y/o confidencial, el CNI deberá atender el procedimiento de clasificación de información previsto en la Ley de la materia.