Habitantes de San Bernardino Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec lanzaron un llamado al Ayuntamiento de San Andrés Cholula, para abrogar el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que fue aprobado por el gobierno de Leoncio Paisano Arias a 12 días de concluir su periodo.

En conferencia de prensa, aseguraron que la ejecución del plan afecta el patrimonio de, por lo menos, mil familias en la primera junta auxiliar para crear una vialidad de 40 metros de ancho, que atravesaría el territorio para beneficiar directamente a los residentes de Lomas de Angelópolis.

También indicaron que a partir de dicho ordenamiento, se modificaron usos de suelo rurales por urbanos, lo que aumentó considerablemente las tarifas de impuesto predial e incrementó las densidades construcción para permitir el desarrollo de edificios de hasta 25 pisos de altura.

Francisco Osorio, Óscar Huanetl, César Santos, Javier Hernández, María Tepeyahuitl y Gerardo Juárez mencionaron que estas construcciones comenzaron a aprobarse en las laterales de la autopista Puebla-Atlixco, donde sostuvieron que hay dos mil predios susceptibles de afectación.

Recordaron que en esa zona hubo expropiaciones en el pasado reciente, para construir los accesos a Lomas de Angelópolis, mismas que fueron detenidos tras el cambio de administración y demandaron que en caso de insistirse en el asunto, los terrenos sean pagados a precio comercial.

Por esa razón, calificaron el documento como “depredador” y reclamaron que en su momento, el presidente municipal panista omitió la realización de una consulta pública, establecida en los usos y costumbres del municipio.

Los quejosos demandaron, en ese contexto, que la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, cumpla con los acuerdos tomados el pasado 30 de mayo para hacer las consultas ciudadanas. 

Mencionó que hasta ahora, se han convocado a algunas reuniones; pero reclamaron que en ninguna se ha citado a los directamente afectados por las vialidades a construir y que en ellas se ha recurrido a un urbanista de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que se ha dedicado a defender el plan vigente.