El ayuntamiento de Puebla tiene 15 días para dar contestación a la demanda que inició la empresa Citelum por daño moral contra la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco; así como contra la secretaria General, Liza Aceves López; el secretario de Infraestructura, Israel Román Romano; y los regidores Cynthia Juárez Román y José Luis Acosta González.

Así lo señaló el síndico municipal, Gonzalo Castillo Pérez, quien dijo recibió la demanda el lunes pasado alrededor de las 2:00 de la tarde, por lo que no ha concluido el análisis de la misma.

En entrevista, recalcó que la denuncia no tiene nada que ver con el término del contrato del ayuntamiento con Citelum, empresa que brindó el servicio de alumbrado público en el municipio hasta el 14 de octubre de 2018.

Descartó que se trate de una “venganza” de la empresa, pues todos tienen derecho a defenderse, además que la demanda es relativa a declaraciones de dichos servidores públicos en medios de comunicación.

Asimismo, indicó que existe disposición de su parte para sentarse a dialogar con los representantes de Citelum, para ver las posibilidades de negociar.

Castillo Pérez dijo desconocer si Citelum exige un monto compensatorio, aunque consideró que no se hablaría de cifras millonarias.

A finales de enero, tras anunciar que ya no participaría en la licitación de alumbrado público qué realizó el ayuntamiento de Puebla, Citelum señaló que durante el proceso personas e instituciones públicas realizaron declaraciones en diversos medios de comunicación que denostaron la imagen de la empresa, por lo que comenzaron en análisis de las vías legales para proceder.

De acuerdo a Televisa Puebla, la empresa pide al juzgado “paralizar los ataques” mientras duré el juicio para amortiguar el daño público.

Citelum se dedica al sector del alumbrado público, en 2014 ganó la licitación para la modernización del parque luminario de Puebla, así como su mantenimiento preventivo y correctivos; contrato que concluyó el 14 de octubre de 2018.

Ante el cambio de gobierno municipal, el 8 de enero la empresa se inscribió en la nueva licitación lanzada por la actual administración, la cual consideró que existieron que los servicios solicitados carecen de claridad y definición en el objetivo que persigue la autoridad municipal, por lo que advirtió que la ambigüedad de estos y las respuestas vertidas en la junta de aclaraciones resultará en el probable incremento de uso de recursos públicos e insatisfacción ciudadana.